LOS #VALESCENARIOS
Por Omar Noé Bernardino Vargas
La reflexión de la que parte este comentario es simple: ¿Puede un grupo de particulares, que en cinco semanas serán legítimamente gobierno, llamar y organizar una consulta popular con la finalidad de mantener o no la construcción del nuevo aeropuerto?
Una primera interpretación es que como particulares mantienen intacta la libertad de asociación como un derecho pleno mientras se coordinen para propósitos lícitos, que no contravengan ley alguna.
Pero los resultados que obtenga el supuesto ejercicio de consulta, no pueden ni remotamente ser vinculantes –es decir que el Gobierno Federal esté obligado a obedecer la opción que gane-, porque no se cumplen con los requisitos constitucionales para su realización como acto jurídico válido y dirigido por el Instituto Nacional Electoral, sino por una Fundación que sin ningún antecedente como encuestadora ahora hace el papel de autoridad iluminada e impoluta.
Si el cargo público no lo ejerce aún, pero AMLO está ansioso de mostrar su poder y así, de manera irresponsable puede meter en una espiral perversa un asunto que ya ha sido ampliamente discutido por especialistas en operación aeronáutica, administración de aeropuertos, especialistas financieros y muchos más con credenciales académicas de prestigio. Pero en la lógica de López, de nada sirve la opinión de las voces autorizadas, sino que es necesario escuchar la opinión del pueblo bueno que decida manifestarse en las urnas de su consulta a efectuarse sin rigor alguno.
¿Debe un grupo de particulares, que en cinco semanas será gobierno, realizar una consulta popular? No, porque este ejercicio propuesto sin pizca de formalidad y mucho menos soporte legal, emite señales más que preocupantes.
Primero. Se evita cumplir con la normatividad que la Constitución y la ley instituyen para ese tipo de consultas. La Constitución establece claramente en el artículo 35 quiénes pueden convocarlas, restricciones temáticas, la Corte debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia y el Congreso emitir la convocatoria. El INE es el encargado de realizarlas y deben celebrarse el día de la elección federal. Y sólo si participa por lo menos el 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal tendría carácter “vinculante”. Es decir, contamos con una normatividad —si se quiere barroca— para que dichas consultas resulten legítimas y legales.
Las consultas populares no pueden ser caprichosas ni en los términos que se le ocurran al convocante. Deben de llenar una serie de requisitos para proteger a los ciudadanos de eventuales abusos de los gobernantes y pasar por un proceso en donde al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia por validar o no la viabilidad constitucional de la consulta.
Son formalidades, pero formalidades con sentido que intentan fijar reglas que ofrezcan certidumbre, transparencia, pertinencia y legalidad. Y realizarla unos cuantos días antes de la toma de posesión invita a pensar que se hace así precisamente para no cumplir con las obligaciones constitucionales y legales.
Segundo. No llena ninguno de los requisitos para ser considerada como una consulta auténtica. Se cercena de inicio a millones de mexicanos que no podrán votar. Se instalarán solamente 1073 casillas (en las elecciones federales constitucionales se colocan 150 mil) en 538 municipios. Y ninguno de los mecanismos que se utilizan para ofrecer garantías de certeza e imparcialidad en nuestros comicios será utilizado (bueno, los votantes tendrán que presentar su credencial de elector y será supervisada por supuestos académicos y agrupaciones cercanos a los propios organizadores).
TERCERO. Se puede convertir en un precedente ominoso. Una fórmula “alegal”, diseñada a voluntad de los convocantes, sin garantías de integridad, equidad, transparencia. Solemos despreciar las formas. Más aún las formas legales. Pero es necesario insistir que en la —por muchos momentos— tensa relación entre ciudadanos y autoridades, sólo las normas legales pueden proteger al débil frente al fuerte, al gobernado frente al gobernante, al ciudadano frente al funcionario. Y hacer las leyes a un lado, actuar como si no existieran, no puede presagiar nada bueno. Ojalá rectifiquen.
Referente a la Encuesta, deben de exponer las variables y metodología, de manera destacada debe ser información pública cuánto costó, cumpliendo con el principio de transparencia y rendición de cuentas. La empresa que realice la encuesta, tendrá la obligación de reportar ante la SHCP y hacer público lo que les pagaron por sus honorarios, nadie trabaja de manera gratuita.
Por ende, PEOR NO PUEDE SER, PUES NO ES CONSULTA NI ENCUESTA, NI TODO LO CONTARTIO, es una payasada y tomada de pelo. CAMUFLAJE para que AMLO pague el favor al empresario que le pagó su campaña.
Nos vemos en los siguientes #VALEscenariosPolíticos
Sigamos la conversación en https://twitter.com/valebernardino
