Príncipes, Arlequines y Cortesanos
Por Luis Guillermo Franco
Esta semana al presentar el “Plan de impartición de justicia para las personas, comunidades y pueblos indígenas”, el Presidente del Poder Judicial en el Estado de Veracruz Edel Álvarez Peña describió uno de los más fuertes pendientes de las instituciones del país: “la reivindicación que le debemos a nuestros pueblos originarios es una deuda histórica, misma que quienes hoy formamos parte del servicio público debemos cumplir desde nuestros distintos frentes de acción”.
Es claro que las etnias originarias de nuestro país han padecido por siglos un crónico sistema de exclusión social. Y no es necesario referir la conquista española ni la etapa colonial, basta con analizar el texto original de la Constitución Política de 1917, en donde no se hizo una sola alusión o referencia a la palabra “indígenas”; a pesar de que la Revolución Mexicana tenía por objetivo alcanzar la justicia social en un país predominantemente rural y en el que los jornaleros indígenas y sus familias eran los más desprotegidos.
Tuvieron que pasar 75 años hasta 1992, para que los indígenas fueran mencionados en la Constitución, cuando en el artículo 4 se estableció que la nación mexicana era pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas y en el numeral 27 se estipulaba el derecho de los indígenas a mantener la posesión de sus tierras.
En el ámbito del sistema de justicia, la alusión constitucional a los indígenas aconteció hasta el 2001 cuando se reformó el artículo 2 y así se estipuló en su fracción VIII que “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos acontecida en el 2011 provocó que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un año más tarde el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas”, documento que por cierto estuvo en el escritorio del entonces Presidente del Poder Judicial de Veracruz Alberto Sosa y nunca movió un dedo para gestionar la elaboración de una versión análoga, que se adecuara al contexto de nuestra entidad.
Dentro de lo significativo del Plan presentado justo en el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, es que estuvieron presentes y manifestaron su adhesión institucional el Gobernador Cuitláhuac García y el Presidente del Congreso Local Manuel Pozos. Los 3 representantes de los poderes públicos de Veracruz coincidieron en su diagnóstico: Históricamente los pueblos indígenas han sido procesados sin consideran sus lenguas, ni sus expresiones culturales, ni su frecuente condición de marginación, lo que en la mayor parte de las ocasiones, ha propiciado que padezcan sentencias injustas o excesivas.
Es necesario destacar que Veracruz es la tercera entidad en cuanto a densidad poblacional indígena, detrás de Oaxaca y Chiapas; sin embargo es el primero que ha presentado un plan integral de atención a indígenas en el ámbito judicial. En entrevista la maestra Esmeralda Ixtla, Coordinadora de este plan dirigido a indígenas resaltó que “el programa de impartición de justicia busca lograr el acceso pleno a quienes les ha sido negado ese derecho. Por otro lado, el protocolo de actuación busca que la interpretación de la norma sea la más benéfica para las comunidades indígenas y se pondere la que más lo proteja. El protocolo no sólo alude principios, sino que aporta obligaciones que deben de cumplir los magistrados, jueces y servidores públicos del Poder Judicial. Esperamos que en fechas próximas se vean reflejados los resultados que pueden llegar hasta la liberación de sentenciados indígenas”.
Con la presentación de este Protocolo (que se puede analizar haciendo CLIC AQUÍ), comienza una tarea inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Este ejercicio corresponde hacer tanto a los Magistrados, jueces, legisladores, servidores públicos, Comisión de Derechos Humanos Barras y Colegios Profesionales de Abogados, académicos y a la sociedad civil en su conjunto.
El Gobernador Cuitláhuac García, el Magistrado Edel Álvarez y el Diputado Manuel Pozos están conscientes de que se trata de una tarea inmensa y urgente. Si declinan, los pueblos indígenas se los demandarán.
Pilón: La defensoría pública tendrá que contar con intérpretes acreditados en todas y cada una de las lenguas indígenas. La Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas puede aportar mucho en este tema, tanto capacitando como proporcionando a profesionales que sean hablantes de lenguas indígenas.
